Participamos en las I Jornadas sobre TMG en Media-Larga Estancia y Psicogeriatría
Dos psiquiatras de nuestro hospital, el Dr. Manuel Martín Carrasco, director médico de Hermanas Hospitalarias en Navarra y País Vasco, y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, y la Dra. Beatriz Nogueras Ormazabal, jefa clínica de la Unidad de Media Estancia del Hospital Aita Menni, coincidieron en las I Jornadas sobre Trastorno Mental Grave (TMG) en Media-Larga Estancia y Psicogeriatría, celebradas los días 27 y 28 de octubre en el Hotel Ayre Colón de Madrid.
Dentro de la mesa Mesa 2, dedicada a la “Atención a la persona con TMG en nuestro medio”, en la que se presentaron las diferentes realidades de los dispositivos de media-larga estancia y psicogeriatría por comunidades autónomas, el doctor Martín expuso los recursos asistenciales de Navarra, proporcionando información sobre la población y los servicios de atención de media y larga estancia públicos y concertados, así como los servicios sociales en la Comunidad Foral. Nuestro director médico destacó que un tercio de la población vive en la capital, Pamplona (197.138 habitantes), y más de la mitad en el área metropolitana de la misma (361.943 habitantes). Además, aportó detalles sobre la atención en hospitales de día y servicios sociales, incluyendo datos recientes relacionados con estos servicios.
Cambio de paradigma
El mismo 28 de octubre, la mesa siguiente se centró en las demandas terapéuticas específicas de las unidades de media-larga estancia y psicogeriatría; más en concreto en la salud física del paciente con TMG en unidades de media-larga estancia y psicogeriatría, contemplando el ciclo vital de la persona con trastorno mental y las diferentes líneas de tratamiento farmacológico. Aquí Manuel Martín Carrasco habló del “Cambio de paradigma en unidades de media-larga estancia y psicogeriatría”.
En esta su segunda ponencia, nuestro director médico analizó la evolución que se ha producido en el enfoque de la atención a personas con discapacidad y enfermedades mentales, pasando de un modelo médico a uno social y de derechos humanos, en el que se ha de poner el énfasis en la atención centrada en la persona (ACP). El ponente destacó asimismo la importancia del liderazgo, del optimismo y la creatividad en la generalización de estos cambios culturales en el campo de la salud mental y la atención social.
«El médico ya no es el que sabe y decide». La intervención de nuestro psiquiatra subrayó este cambio y repasó diferentes modelos de ACP, un enfoque que busca situar a la persona en el centro de los cuidados, promoviendo la toma de decisiones compartidas, la igualdad en la comunicación y el respeto mutuo.
Modelo social y Derechos Humanos
Martín Carrasco mencionó la Convención de la ONU como un tratado importante que promueve un nuevo paradigma centrado en la eliminación de la discriminación, se refirió, asimismo, a cambios en la legislación, incluida la Ley 8/2021 de Reforma del Código Civil, que implica un cambio hacia el respeto a la voluntad y preferencias de las personas:
- Ya no existe la incapacidad, ni modificación de la capacidad de obrar, ni presunción de incapacidad – presente en el código civil desde el siglo XIX -. Todos tenemos capacidad jurídica plena.
- Hay que cambiar la sustitución de voluntad por el respeto a la voluntad, deseos y preferencias (presentes o pasadas).
- Desaparece la tutela, al desaparecer la incapacidad.
- ¿Cómo se lleva a cabo? Dando el apoyo/s a la persona que lo precise en base a la voluntad, deseos y preferencias.
- Muy excepcionalmente, si es imposible conocer la voluntad, aparecerá la representación en la toma de decisiones.
También dejó espacio para la reflexión sobre esta evolución y la resistencia al cambio ante el nuevo modelo social de la discapacidad, en el que «la plena participación de las personas con discapacidad no está dificultada por su deficiencia, sino por un entorno social que no ha sido pensado para ellas y que incluso les resulta hostil, porque les coloca barreras que les impiden el ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, la obligación principal de los poderes públicos y del Derecho es remover esos obstáculos, para facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos».