Hermanas Hospitalarias Aita Menni cuenta con una historia centenaria dedicada a ofrecer un servicio de calidad a pacientes psiquiátricos, familiares y personas usuarias en general. El reto de la calidad implica no sólo un desarrollo técnico-clínico de diversos ámbitos asistenciales especializados, sino también una progresiva preocupación por otros aspectos de la salud mental y su asistencia, como son las dimensiones éticas de las actuaciones asistenciales y el contexto legal en cuyo marco tiene lugar tanto la práctica clínica psiquiátrica como la vida cotidiana de los sujetos afectos de este tipo de trastornos.

Este campo de interacción entre la Psiquiatría y el Derecho constituye, en este momento, prácticamente una especialidad que ya es conocida en muchos ámbitos como la Psiquiatría Forense o la Psiquiatría Legal. La Unidad de Valoración Psiquiátrico-Legal se encuadra conceptualmente en el ejercicio práctico de los conocimientos propios de esta especialidad.

Servicios de valoración psiquiátrico-legal

Nuestra Unidad de Valoración Psiquiátrico-Legal es un servicio especializado en la evaluación, valoración y abordaje de aquellos sujetos en los que se requiere considerar conjuntamente el marco legal afectado y la situación psicopatológica o psicológica, estableciendo claramente las características de esta última y su repercusión real en aquello que se está dirimiendo a nivel jurídico.

Además, el servicio tiene como objetivo complementario la promoción de los aspectos formativos en conocimiento psiquiátrico-legales básicos.

Son servicios propios de esta unidad:

• La realización de peritajes psiquiátrico-legales y la asistencia a juicio en su caso.
• El asesoramiento en problemas psiquiátricos con implicaciones legales o en problemas legales con connotaciones psicopatológicas o psicológicas, tanto en ámbitos judiciales como extrajudiciales.

Ámbitos jurídicos de actuación

Los ámbitos jurídicos que pueden requerir una valoración especializada donde se contextualicen aspectos psiquiátricos son múltiples:

• La enfermedad mental puede, en su evolución, producir en el sujeto que la padece una situación de incapacidad de hecho, en la gestión de su propia persona o de sus bienes, que se substancie finalmente en un proceso de incapacitación en el ámbito jurídico civil. En este mismo ámbito una situación de presunta incapacidad puede modificar la validez de actos jurídicos relevantes como testamentos, donaciones, etc.
• El padecimiento por parte de un sujeto de un trastorno mental, transitorio o permanente, puede constituirse en un estado atenuante o eximente de la responsabilidad penal siempre que quede suficientemente acreditada la influencia que dicho estado produjo en aspectos volitivos o cognitivos que se valoran a lo largo de un proceso penal.
• En el contexto laboral, la enfermedad mental a menudo se constituye en razón de incapacidad temporal o de invalidez en grados variables, donde las deficiencias funcionales o estructurales se ponen en relación con las características, funciones y requisitos propios de cada puesto laboral a fin de matizar las calificaciones. En este mismo ámbito un trastorno mental puede constituir razón médica suficiente para la obtención de un reconocimiento de minusvalía, con o sin derecho a prestaciones económicas.
• En los aspectos relativos al consentimiento matrimonial, en procesos de separación y divorcio, y en la atribución de la guarda y custodia de menores, los aspectos psiquiátricos y psicológicos resultan de la máxima relevancia, con lo que ello supone de interacción con ámbitos civiles y canónicos.
• Finalmente, en las demandas civiles por daños, el conocido como daño psíquico ha irrumpido con fuerza creciente, forzando el desarrollo de métodos diagnósticos y evaluativos específicos que permitan su identificación y valoración de una forma fiable.