Organizada por el Hospital Aita Menni, el Aquarium de Donostia-San Sebastián acogió una jornada de diálogo entre distintas instituciones para analizar cómo se está abordando en Gipuzkoa la atención a pacientes psiquiátricos graves que tienen que cumplir algún tipo de condena. Durante la mañana del 4 de junio, distintos profesionales expusieron las áreas de desarrollo y las necesidades de atención que precisan las personas con enfermedad mental que han delinquido pero no son imputables, bien por no ser responsables de sus actos bien porque no tenían capacidad para evitar el delito.
La jornada comenzó con la bienvenida por parte del director gerente del Hospital Aita Menni, Mikel Tellaeche, al centenar de profesionales congregados, en su mayoría procedentes de la Administración de Justicia de Euskadi y de distintos ámbitos penales y laborales. A continuación, un audiovisual mostró la Unidad de Psiquiatría Legal (UPL) de Aita Menni. Inaugurada a finales de 2013, es la primera y única unidad que atiende en un entorno hospitalario a pacientes con trastorno mental grave que han de ser custodiados con medidas de seguridad por orden judicial. El vídeo aportó algunos datos: en España, alrededor de 5.000 reclusos presentan una enfermedad grave y 21.000, de 68.000 en total, reciben tratamiento con psicofármacos.
Por un modelo incluyente
Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa introdujo el concepto de “justicia terapéutica” explicando que el sistema penal -conjunto de normas diseñado para proteger los intereses esenciales de la comunidad- puede ser excluyente o incluyente. Este segundo modelo transdisciplinar permite al infractor, después de una custodia temporal, convivir sin volver a delinquir. Para ello, necesita del sistema sanitario, puesto que el riesgo de reincidencia tiene que ver con las adicciones y las patologías o con las dos cosas a la vez. “El sistema judicial determina qué hay que hacer, el sanitario dónde hay que hacerlo, y ambos deciden cómo”, resumió.
José Mª Begiristain, jefe de Servicio de Planificación y Evaluación de Gipuzkoa, habló de la coordinación sanitaria y judicial como un valor “imprescindible” para atender las necesidades de personas con requerimientos específicos de confinamiento que sufren patología dual (trastorno mental grave y toxicomanía), de modo que pueda posibilitarse su rehabilitación.
“Estamos inmersos en el proceso de dignificación del enfermo mental con problemática legal. Aunque el modelo de libertad exige más coraje, nos adherimos todos”, declaró el director médico del Hospital Aita Menni, José Ignacio Quemada.
En este sentido, la creación de UPL es una respuesta a las necesidades apuntadas, un ejemplo de “convergencia institucional”, según su responsable, el doctor Iñaki Madariaga, encargado de coordinar la interesante mesa redonda que sirvió para recoger opiniones en torno al tema. “El medio penitenciario no es el adecuado para la rehabiltiación de estas personas, que son infractoras pero no delincuentes”, remarcó Javier García, director del Centro Penitenciario de Donostia-San Sebastián. La trabajadora social del Servicio Vasco de Gestión de Penas Ana Gastón recordó que este servicio sirve para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades penales a aquellas personas que se benefician de maneras alternativas a la prisión. Álvaro Iruin, director Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa, incidió en la necesidad de relación y mayor confianza entre las instituciones. Garbiñe Argaña, tía de un paciente de Aita Menni, sobrecogió al auditorio al relatar la sensación de impotencia y abandono que sufre una familia que tiene que enfrentarse a la enfermedad mental unida a la drogadicción.
La UPL de Aita Menni dispone de 10 plazas, para hombres y mujeres (ampliables a 20). Las personas que ingresan en este dispositivo, en su mayoría con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, lo hacían hasta ahora lejos de su familia, a cientos de kilómetros, en los psiquiátricos penitenciarios de Fontcalent o Sevilla.
A la jornada asistieron, entre otras muchas personalidades, Rafael Uribarren, delegado territorial de Sanidad Gipuzkoa, y Ruth Alonso, magistrada del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao.