Integración e inserción sociolaboral de las personas con enfermedad mental

A pesar de la dificultad para obtener información precisa sobre datos epidemiológicos, hay un amplio consenso en torno a que la enfermedad mental grave afecta entre un 2,5% a 3,5% de la población adulta [1]. Según la OMS (2016), 450 millones de personas sufren una enfermedad mental y esta problemática se encuentra dentro de las 5 primeras causas de discapacidad en el mundo. Las consecuencias de estos datos ponen en valor la necesidad de una intervención especializada de recuperación.

Este objetivo ha sido aceptado y con él se han comprometido los distintos planes estratégicos de salud que hemos ido conociendo en nuestro entorno desde que se emitiera el Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica en 1982, la Ley General de Sanidad de 1986 y en la filosofía del modelo de sanidad de nuestra Comunidad Autónoma Vasca (CAV). En referencias más recientes, la Declaración de Helsinki en Salud Mental (OMS) suscrita por España y la CAV (2005) se enuncia un modelo de asistencia que combine la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales, la coordinación interinstitucional y la adopción de medidas que fomenten la inserción laboral y social de las personas que padecen estos trastornos.

El modelo asistencial y organizativo [2] [3] es el Modelo Comunitario, cuyos principios rectores son:

• la autonomía y recuperación personal del paciente.
• la continuidad de cuidados a través de la red asistencial.
• la accesibilidad a los servicios.
• la atención integral.
• la equidad en el trato.
• la calidad en la atención.
• la responsabilidad del sistema sanitario en el tratamiento.

Estos principios son fortalezas en el sistema vasco de salud, según el informe del Ararteko [4], a excepción del principio sobre «la recuperación personal», entendido no solo desde la perspectiva de los síntomas y su estabilización sino principalmente como recuperación de las capacidades de los y las pacientes como individuos y como ciudadanos. Esto significa pasar de un rol de pacientes a un rol de ciudadanos, que desarrollan su vida en un entorno comunitario, que pueden disponer de una vivienda, un trabajo, ocio, relaciones sociales, el cuidado de la salud y su economía… con los apoyos y la atención en función de sus situaciones personales.

A lo largo de estos casi 30 años, tras la reforma psiquiátrica y la implantación del modelo comunitario se han venido implementando distintas iniciativas para la integración e inserción laboral de las personas con enfermedad mental.

Las primeras experiencias las encontramos de la mano de pisos de reinserción, pensiones tuteladas y puesta en marcha de centros ocupacionales que se dedicaban a realizar tareas manuales no especializadas. Los principales centros que hoy conocemos, como Gureak  en Gipuzkoa, o Eragintza y Lantegi Batuak en Bizkaia, nacieron alrededor de los años 80. Estas fundaciones se han ido transformando en empresas sociales con peso en el tejido industrial de su zona. En el caso de Gureak (1975), ha pasado de atender a 311 personas en 1981 a 5.000 personas empleadas, de las cuales el 85% presenta discapacidad (15,5% por enfermedad mental). En 2015[5] consiguió 114 inserciones en el empleo ordinario, 832 en ocupacional y 185 en formación prelaboral. En el caso de Eragintza (1991), que surge para dar respuesta a la necesidad de integración sociolaboral de personas con enfermedad mental, ha pasado de 63 en 1994 a 666 empleados en 2015. La iniciativa del Hospital Aita Menni con el Proyecto Ereiaro ha nacido, este año 2017, con vocación de desarrollo junto a la empresa Ekoudalatx, para dar servicio a 70 personas.

Un trabajo útil y necesario en la sociedad

¿Qué significa el incremento de estas cifras? Que las personas con discapacidad por razón de enfermedad mental son capaces de desarrollar un trabajo útil y necesario en la sociedad. Otra explicación del crecimiento también pone de manifiesto la alta demanda de estos recursos. El desempleo en este colectivo se cifra según el INE (2015) en un 47,7% (CAV entre el 41 y el 44%) y según la OMS y la FEAFES entre el 90% y el 80%.

La ley de Integración Social (1982), junto a la Ley de la Autonomía (2002), en función de los territorios históricos, regulan el acceso a las plazas de centros ocupaciones y trabajos protegidos. La persona que accede empieza un recorrido que va desde la formación prelaboral, pasando luego a la actividad ocupacional, que le posibilitará el contrato en régimen de centro especial de empleo. En algunos recursos también se oferta una formación y orientación para el empleo normalizado, aunque este último recorrido es más virtual que real. Son pocas las personas que alcanzan el empleo normalizado, estimándose que entre el 5 y 7% alcanzan este grado de inserción laboral [6].

La experiencia nos muestra una espera prolongada para acceder a los “recursos protegidos” y una desesperanza para el “paciente”, que ve como se frena su recuperación y su integración social.

Es necesaria una respuesta desde los dispositivos e instituciones que tienen capacidad para generar estas oportunidades y es necesaria la coordinación y adecuación de la red de asistencia para integrar sinergias que apoyen la recuperación de las personas con enfermedad mental.

Referencias

[1] Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Estrategia aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 11 de diciembre de 2006.

[2] Estrategia en salud mental de la CAPV (2010).

[3] Plan Estratégico de Salud Mental 2013-2020.

[4] Informe Estrategia de Salud Mental de la CAPV por la Oficina del Ararteko.

[5] Memoria de actividad de Gureak, 2015.

[6] Muñoz, Manuel. “Estigma social y enfermedad mental”. Madrid: Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid; Obra Social de Caja Madrid; Universidad Complutense de Madrid, 2006.